Impuestos y bonificaciones con la ley de viviendas 2022

El Gobierno hace unas semanas daba luz verde a la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda. Se trata de una legislación, en el marco del Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025, que pretende dar respuesta a aquellas personas, especialmente los jóvenes, que tienen más dificultades de acceso a la vivienda. En nuestro anterior artículo analizábamos cómo afecta a los alquileres en España la nueva ley de vivienda. La nueva regulación aún no ha entrado en vigor, y aunque se ha solicitado su trámite de urgencia, su aprobación previsiblemente se llevará a cabo durante el segundo semestre del año.

Esta ley contempla distintos aspectos de trabajo donde el objetivo final es la puesta en marcha de instrumentos efectivos para que las administraciones territoriales aumenten la oferta de viviendas a precios asequibles. Entre los aspectos más destacados se encuentran la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando un periodo de al menos treinta años, y una reserva de suelo con fin de alquiler asequible. Con ello, la regulación implica que no se podrá volver a vender, donar o ceder el derecho o el dominio de una propiedad que forme parte del parque público social.

Otra de las novedades que trae consigo esta ley es la introducción del concepto vivienda asequible incentivada, una herramienta con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, facilitando la participación de los actores privados y públicos a través de beneficios urbanísticos y fiscales.

Dicha regulación además pone el foco en aquellas zonas que se encuentran en mayores dificultades, las denominadas zonas tensionadas, donde los precios están expuestos a una mayor tirantez. En este sentido el Ejecutivo ha establecido mecanismos que mediante criterios objetivos disponen qué zonas residenciales están o no tensionadas. Y para ofrecer soluciones a estas zonas concretas estiman herramientas como ventajas fiscales para fomentar el alquiler asequible o hasta mecanismos de contención y bajadas de precios del alquiler.

De igual manera, también establece una modulación del recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a los pequeños propietarios de viviendas vacías durante más de dos años y se reforma dicho impuesto a los arrendadores articulando la reducción del impuesto un 50% pudiendo incrementarse este reajuste en otros casos particulares si se firma en una zona de mercado tensionado, en función de unas condiciones.

Llegará a ser de un 90% la bajada de la renta en aquellos casos que se firme un nuevo contrato en una zona de mercado residencial tensionado, con una bajada de al menos un 5% sobre la renta del contrato anterior. La reducción de la renta será del 70% cuando se alquile por primera vez un inmueble en zona tensionada y se haga a jóvenes de entre 18 y 35 años. También será del 70% la reducción de la renta en las viviendas arrendadas a la Administración pública o entidad del tercer sector, o que se acojan a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler. Y del 60% será la reducción de la renta en los inmuebles que hayan sido rehabilitados en los dos años anteriores.

Otro de los aspectos que contempla la norma es la movilización de la vivienda vacía. Con el objetivo de darle salida al mercado se pone a disposición de los Ayuntamientos la posibilidad de establecer un recargo de hasta el 150% en la cuota líquida del IBI que afectaría a las viviendas que se hayan mantenido desocupadas durante más de dos años sin causa justificada y para propietarios con un mínimo de cuatro viviendas. Y en el caso de que la vivienda lleve tres años vacía, el recargo podrá llegar al 100%. Asimismo, podrá elevarse el impuesto un 50% adicional en caso de inmuebles cuyos propietarios tengan dos o más pisos en el mismo municipio.

En esta misma línea, y bajo el mismo objetivo, el Gobierno recientemente ha aprobado el Bono Alquiler Joven un recurso que establece medidas para contribuir al acceso al alquiler de los más jóvenes. El bono estima una ayuda de hasta 250 euros al mes a las personas de entre 18 y 35 años al menos durante dos años.

Esta medida queda supeditada a otros requisitos como la nacionalidad del receptor o su renta. En este sentido sus ingresos no pueden ser superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir 24.318 euros. Además, la ayuda queda restringida a un máximo de 600 euros al mes por vivienda arrendada y de 300 euros al mes en el caso de alquileres habitacionales. Unos precios alejados del mercado real, sobre todo de las zonas tensionadas del país. En este punto, y ante la casi nula solución que ofrecería a la juventud asentada en ciudades como Madrid o Barcelona, el Gobierno contempla un tope que podrá elevarse hasta los 900 euros en el caso de las viviendas o de hasta los 450 euros en el alquiler de habitaciones si así lo establece la Comisión de seguimiento formada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la comunidad autónoma correspondiente. Según cálculos del Ejecutivo, este paquete de ayudas que suma 200 millones de euros se espera que pueda beneficiar hasta 70.000 jóvenes.

Con todo, si bien es cierto que esta Ley por el Derecho a la Vivienda y acciones como el Bono Alquiler Joven han sido recibidas por el sector con ciertos recelos, sientan las bases de posibles soluciones para mejorar y acelerar el acceso a la vivienda de los colectivos con menor poder adquisitivo, sobre todo en materia de vivienda asequible.

Esperamos que hayas disfrutado de la lectura y te haya resultado útil para entender esta nueva ley de viviendas, si deseas realizarnos alguna otra consulta sobre bonificaciones e impuestos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.